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Desde el “Operativo Sapucay”, las fuerzas de seguridad lograron capturar poco menos de 900 kilos de drogas en menos de un mes. Sin embargo, hace pocos días, se descubrió un camión con doble fondo en donde transportaba casi 2,5 toneladas de drogas, quizás, la captura de estupefacientes más importante de los últimos 30 años en Corrientes, en el Litoral argentino y en el “Hinterland del Mercosur”.

Pero no fue un “golpe de suerte”, como dijeron fuentes del Ministerio de Seguridad. En realidad, fue fruto de un largo trabajo de inteligencia que comenzó con la captura de un narcotraficante y unos pocos kilos de droga en la porteña Villa Zabaleta y que desembocó en la primera captura de un Intendente, su Vice, el Jefe de Policía local y de agentes de las fuerzas de seguridad. Pero: ¿Fue una excepción este caso que relaciona políticos con drogas, trata de personas, contrabando u otras actividades ilegales?

Sin duda, no. Pero “perforar” la cobertura que existe para este tipo de actividades por parte de las autoridades políticas, además de las connivencia de las fuerzas de seguridad y personal judicial, es una tarea que siempre encuentra fuertes barreras y  terminan por impedir avanzar en las investigaciones, dado que las causas entran en un “coma profundo” del que nunca despiertan y, casi siempre, uno o dos “perejiles” terminan por aparecer como las “puntas del iceberg” de una estructura delictual pequeña, cuando en realidad, apenas si son eslabones menores de una larga cadena.

Un informe oficial del Ministerio de Seguridad sostiene que desde 2016, se decomisaron en Corrientes 43 toneladas de marihuana. Y si tenemos en cuenta que la banda que tenía como uno de sus miembros principales al Intendente de Itatí, Natividad Teherán, dijo que importaba 6 toneladas semanales de droga semanales y que las fuerzas de seguridad dicen que en esa ciudad operan 3 grupos delictuales, estamos hablando de que se estarían importando unas 20 toneladas de drogas por semana, lo que implica que las capturas oficiales realizadas en 16 meses llegan a menos de 3 semanas de ingreso de narcóticos a la zona.

Las dimensiones del negocio permiten comprender que las clases políticas, las fuerzas de seguridad y las autoridades judiciales no pueden ser ignorantes de tamaño movimiento de drogas, dinero, recursos humanos y logística que hay en sus zonas. Sin embargo, luego de las capturas iniciales, no hubo nuevas sobre detenciones, salvo alguno que otro “perejil” que estaba transportando la droga capturada.

Los supuestos líderes de las bandas que operan en Itatí serían Luis “El Gordo” Saucedo, Federico “Morenita” Marín y Carlos “Cachito” Barreiro. Fuentes de inteligencia dicen que los dos primeros están prófugos, se cree que en Paraguay. El tercero, está preso por otra causa, pero la Justicia estima que aún opera desde la cárcel.

Luis “El Gordo” Saucedo era empleado municipal y llevaba meses de licencia médica. Cobraba un plan social de la Anses, recibido durante el Gobierno de Cristina Fernández, pese a ser dueño de tres casas en Itatí, una de ellas en la costanera de Itatí, estratégicamente ubicada frente al edificio de la Aduana. A eso hay que sumar una flota embargada de 23 autos.

Además del vínculo político, estas bandas tenían muy aceitado el nexo con la Policía de Corrientes y con la Policía Federal con base en la provincia. El Comisario de Itatí, Osvaldo Ocampo Alvarenga, fue detenido junto al Sargento Mario Molina y la Cabo Gabriela Quintana. Se los acusa de venderles armas a los delincuentes.

A través de las escuchas realizadas por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Justicia llegó al Sargento Carlos López y al Subcomisario Rubén Ferreyra, que revendían drogas capturadas en operativos simulados, con lo cual, se confirma la hipótesis de que muchos de los operativos de captura son “puestas en escena” para ocultar el tráfico de cantidades mayores o para “blanquear” cantidades, que luego de comercializan.

La Prefectura quedó fuera de las investigaciones posteriores al “Operativo Sapucay” y, en el caso de la Gendarmería, se detuvo en Jesús María (Córdoba) al Segundo Comandante Gabriel Alcaráz que daba clases de investigación y drogas en la Escuela de Suboficiales, pero filtraba información sobre controles y operativos a los capos capturados en Itatí.

Un dato no menor: Gabriel Alcaráz trabajó en Ituzaingó, en las misiones que el Gobierno de Cristina Fernández mandó efectivos de Prefectura y Gendarmería a “zonas calientes”, eufemismo de villas donde el consumo y tráfico de droga son usuales. Para muchos especialistas, en estas largas guardias, los miembros de las fuerzas de seguridad comenzaron a tener contacto con grupos de traficantes y llegaron a acuerdos que se extendieron cuando cambiaron de destino o volvieron a sus provincias de origen.

Hay que tener en cuenta que, según fuentes judiciales, la banda detenida en el “Operativo Sapucay” colocaba sus drogas en, por lo menos, 7 provincias, lo que implica que las redes de información, logística, protección y distribución comenzaban en Corrientes, pero llegaban a Catamarca, Córdoba, Santa Fe, San Juan, la Ciudad de Buenos Aires, Río Negro (Bariloche) y Provincia de Buenos Aires. Todos lugares donde hay personal de Prefectura o Gendarmería que pasaron por las villas porteñas y bonaerenses.

Más allá del Litoral

Pero Corrientes no es el único lugar donde se pudo demostrar la relación entre políticos locales y traficantes de drogas. Por ejemplo, el año pasado, en Formosa, Gabriel Hernández, ex Intendente de la capital provincial y apoderado de la Unión Cívica Radical formoseña, aseguró que “la narcopolítica vinculada al gobierno de Gildo Insfrán suma otro caso”, en referencia al secuestro de más de 2,5 toneladas de marihuana oculta en un cargamento de zapallitos de un camión de una empresa de familiares del mandatario provincial.

Gabriel Hernández, que también es abogado y periodista, recordó varios hechos donde se involucraron a funcionarios formoseños como “Ramón Barreiro, asesor del gobierno provincial, que trasladaba 51 kilos de cocaína en una camioneta oficial que volcó en la Ruta Nacional 11”. En la captura se encontró una fotocopia del DNI y una agenda personal del Senador Nacional (Frente para la Victoria – Formosa), José Luis Mayans. Sin embargo, nunca se relacionó al parlamentario con el tráfico de drogas.

También se refirió al “Secretario Privado del Diputado José Barrios (caso ocurrido en 2005) detenido con droga” en el Oeste de Formosa; junto con el “sobrino de la Concejal Justicialista, Blanca Denis, que transportaba cocaína en un vehículo de la edil”; y sumó el caso de “los 700 kilos de cocaína hallados en un campo del Concejal Justicialista Héctor Palma”, quién rápidamente recuperó la libertad.

Pero la “munición gruesa” la lanzó cuando sostuvo que la madre de Gildo Insfrán (Gladis), integraban diferentes sociedades que son “los dueños de un imperio comercial” y “propietarios del camión que tenía escondida la droga en cajones de zapallos”. Sin embargo, la Justicia nunca la citó en el trámite de la causa.

En el caso de Formosa, las fuentes de inteligencia sostienen que la cocaína ingresa de Bolivia a través de pistas clandestinas ubicadas al Oeste de la provincia, mientras que la marihuana llega desde Paraguay, a través de rutas de ripio, hacia la zona de Laguna Blanca, para luego cruzan la frontera por los ríos Pilcomayo o Paraguay. Literalmente hablando, la zona es un “colador”.

El caso de Formosa se completa con un dato no menor: Durante años hubo jueces subrogantes a cargo de las causas de narcotráfico, a la espera de designaciones que eran “congeladas” en el Consejo de la Magistratura por los delegados del oficialismo  del momento (kirchnerismo), mientras que las fuerzas de seguridad y la clase política es casi inamovible. Una buena forma de que las investigaciones no avanzaran.

Otro caso complejo

En Septiembre de 2006, la productora rural Liliana Ledesma fue asesinada de 7 puñaladas por denunciar la complicidad de algunos integrantes del poder político de Salvador Mazza (Santiago del Estero) con el narcotráfico. Casi 10 años después, la Justicia apresó al Presidente del Concejo Deliberante local y acusó a otro edil por estar involucrados con el cargamento de 267 kilos de cocaína secuestrado en un camión que tenía la cédula verde a nombre del ex Diputado Provincial Justicialista al que la mujer asesinada había denunciado.

La investigación comenzó con el secuestro de los 267 kilos de cocaína en un camión Mercedes-Benz en la localidad de Taco Pozo (Santiago del Estero). El vehículo pertenecía a Ernesto José Aparicio, un ex Diputado Provincial del PJ, fallecido en 2013 y denunciado por la asesinada Lidia Ledesma.

Hace 4 años, el camión fue adquirido por Rubén Maurín, hermano de Alejandro Maurín, actual Presidente del Concejo Deliberante de Salvador Mazza y detenido por efectivos de la Gendarmería; en tanto se fugó el concejal Mauricio Gerónimo.

Tanto Mauricio Gerónimo como Rubén Maurín eran socios políticos del Intendente de Salvador Mazza, Rubén Méndez; y, con sublemas, formaron parte de una alianza del Frente para la Victoria, que les permitió ganar las elecciones de 2015. Curiosamente, desde la clandestinidad, el primero envió un escrito a sus colegas del Concejo Deliberante para advertirles que iniciará “acciones penales y civiles” en caso de que decidieran dictar alguna medida para quitarle el cargo al que había accedido.

La carta de Mauricio Gerónimo es esencial, confirma que ciertos sujetos están más preocupados por mantener sus espacios político que el intentar demostrar que son inocente, en el conocimiento que las investigaciones no llegarán a nada (lo mismo que las causas judiciales), pero que recuperar una banca perdida se torna en casi imposible luego de ser destituido y transitar una investigación judicial.

Un robo y una revelación

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Días pasado, el robo de varios millones de dólares en la empresa Prosegur en Ciudad del Este dejó a la vista una batalla entre las dos mafias narcos más importantes de Brasil: el Primer Comando Capital y el Comando Vermelho, que luchan para unificar el control del tráfico de droga en la extensa frontera que tienen Brasil y Paraguay.

En Junio de 2016 fue asesinado en la localidad paraguaya de Pedro Juan Caballero el capo narco Jorge Rafaat Toumani, jefe de un banda que operaba en forma independiente controlando gran parte de la frontera entre Brasil y Paraguay; y era el encargado de fijar el precio de la cocaína que llegaba de Bolivia y la marihuana que provenía de Brasil, cualquiera sea la banda que hacía el tráfico. Sin su autorización, nada pasaba por territorio paraguayo.

Desde la muerte de Jorge Rafaat Toumani, las autoridades de Brasil y Paraguay contabilizaron 38 asesinatos en la línea de frontera, en una batalla entre las dos bandas brasileñas y grupos paraguayos. El más extendido en el área es el Primer Comando Capital, que concentraban sus actividades en Ciudad del Este y Foz do Iguaçu,  pero cuando comenzó la matanza extendió su influencia a Salto del Guaíra, en la frontera con Guaíra, en el estado brasileño de Paraná; y a Pedro Juan Caballero, vecina de Ponta Porã, en Mato Grosso do Sul.

Pero sobre la frontera con Argentina, el Primer Comando Capital habría copado Paso Patria, la ciudad paraguaya que se encuentra frente a Paso de la Patria, la ciudad donde hace 10 años fue destituido el Intendente Oscar “Chino” García, quién luego se lo vería cercano al famoso delincuente Luis Raúl “Gusano” Menocchio.

La ofensiva de Primer Comando Capital se completó en Febrero pasado, cuando viajó a la zona el más alto líder del grupo narco en libertad, Rogério Jeremías “Gegé” de Simone, quien asumió el control de los negocios de la banda en la  región. A partir de ese hecho, la inteligencia de Brasil sostiene que  hubo un cambio cualitativo de la presencia del PCC en el límite con Paraguay.

¿Y el robo en Prosegur? Según fuentes de inteligencia de Brasil fue el saqueo de un “banco secreto” de grupos narcos paraguayos que servía de “caja chica” para financiar pagos a fuerzas de seguridad, políticos y personal de Justicia de la zona fronteriza paraguayo-brasileña; hecho que coincidió con un intento fracasado de liberar al máximo líder de Primer Comando Capital, Marcos Willians Herbas Camacho, alias Marcola, preso en San Pablo. Todos hechos, aún hay que terminar de relacionarlos, pero no son azarosos.

¿Los detenidos por el “Operativo Sapucay” en Corrientes, tenían relación con traficantes paraguayos o con alguno de los dos grupos narcos de Brasil? Por ahora, no hay datos, pero no parece casual que cuando uno de los grupos mafiosos más importantes de Brasil avanza para consolidar su negocio en la región caiga una de las tres bandas que operan en Itatí y que hacían llegar sus drogas a 7 provincias. En términos policiales “estamos frente a un cambio de dueño del negocio narco regional”.

Conclusión

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Las casualidades no existen. Las autoridades han comenzado a tomar conciencia que hay un “hinterland” que hoy, preferentemente, trafica drogas entre Brasil, Paraguay y la Argentina, aunque la comercialización de autos de alta gama robados y de cargamentos de granos, el contrabando, la trata de personas y otras acciones delictuales  se realizan bajo la ignorancia (o complicidad) de fuerzas de seguridad, personal de Justicia y políticos locales.

Esta metodología de investigación completa y compleja está comenzando a dar sus primeros pasos, pero es algo de vieja data. Esta investigación han repetido el caso del ex Intendente de Paso de la Patria, Oscar “Chino” García, y su ex pareja Sonia Beatriz Mantilla Castro; dado que ambos aparecen relacionados con denuncias nunca comprobadas de contrabando en Corrientes, pero también en un sospechoso incendio en Asunción, que los coloca cerca del mítico delincuente Luis Raúl “Gusano” Menocchio.

Pero Sonia Beatriz Mantilla Castro también aparece, más tarde, relacionada con un caso de trata, se la menciona en Roque Sáenz Peña, donde muere (luego de una frustrada fuga) uno de los miembros de la “Banda del Mercosur”, que operaron con Luis Raúl “Gusano” Menocchio en Chaco, Corrientes y Paraguay. Pero también se la detectó en la zona de Abasto, hospedándose en un hotel cerca del Shopping Abasto, donde se denunciaron casos de trata de personas y muy cercana a un destacado sindicalista bien relacionado con barrabravas, grupos que últimamente controlan la venta y distribución de drogas en sus zonas de influencia.

Incluso, fuentes judiciales han confirmado que se está realizando una profunda investigación sobre ese mismo grupo de personas en relación con la trata de personas, particularmente mujeres para la prostitución, que recluta mujeres muy jóvenes en Chaco, Corrientes y Paraguay para traerlas a la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe; aunque no se descarta que algunas puedan ser enviadas a Europa, repitiendo una práctica que es muy común en Brasil.

Los nombres se repiten con el paso de los años, pero no hay investigaciones que “aten los hilos” entre los rumores, las participaciones “secundarias” y hechos delictivos. En Corrientes estalló un entramado alrededor de Itatí este año. El pasado, en Formosa. Sin embargo, nada se dice de Chaco o Misiones; y no porque no existan.

El “Hinterland del Mercosur” es una realidad. La idea de grupos “improvisados” realizando delitos complejos actuando en forma autónoma, sin ningún tipo de protección, cobertura política o sin inteligencia delictiva es una fantasía.

La decisión para cambiar la forma de investigar este tipo de delitos corresponde a las autoridades política, que deben ser aceptadas y aplicadas por las fuerzas de seguridad y los poderes judiciales. No es casual que el Gobierno de Donald Trump haya puesto a Paraguay en el ojo de su mira en el último informe mundial sobre tráfico de drogas. Para Washington, junto con el narcotráfico, la venta de armas, la financiación del terrorismo, la emisión de documentos apócrifos y la impresión de dinero falso, van de la mano.

Tratar de comprender cómo funciona el “Hinterland del Mercosur” es una tarea que recién comienza. Pero la “Época de lnocencia”, ya pasó.

 

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