Segunda Etapa del “Operativo Sapucay”, entramado de trata y narcos

444

Pese a que el “Operativo Sapucay” ya no ocupa espacio en los medios y las fuentes tribunalicias han callado, en el Ministerio de Seguridad reconocen que se está avanzando con una investigación paralela que podría tener sus primeros resultados en el mediano plazo, dado que se busca establecer la conexión con los proveedores de drogas a los detenidos en Corrientes con una red de trata de mujeres  para prostituirse y de distribución de drogas que operaría en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en especial, los alrededores del Shopping Abasto, en el barrio de Almagro.

Pese al hermetismo de la investigación, todo habría surgido al ver un fuerte incremento de la venta de drogas entre aquellos travestis que ejercen la prostitución en las zonas de Once, Almagro, Constitución, Flores y los Bosques de Palermo que serian proveídos por argentinos que formaban parte de la banda que estaba relacionada con los detenidos del “Operativos Sapucay” y, otra, por el cartel peruano que opera desde la Vila 1-11-14 y la recién desbaratada Villa 20.

Diferenciemos. Desde hace unos cinco años, comenzó desde Perú una oleada de inmigración de prostitutas incentivada por grupos narcos locales que tiene controlada la Villa 1-11-14. El objetivo: usarlos como distribuidores y vendedores de droga, dada la “protección” que tiene el comercio de sexo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con el paso de los meses, lo que se conoce con el nombre genérico de “La Banda de los Paraguayo”, comenzó a imitar esa forma de reparto y venta. Y este segundo grupo era con el cual trabajaban los detenidos en el “Operativo Sapucay”.

Según las fuentes consultadas, las prostitutas suelen ser usada de “gancho” para atraer clientes a las zonas calientes, pero son los travestis los encargados de tener la droga. ¿Los motivos? Corren más rápido, pegan más fuerte y no dudan de actuar en grupo en caso de que alguien quiera meterse con su “negocio”. Ese “giro” lo dieron los peruanos, que comenzaron a cambiar la forma de venta de drogas en ciertos niveles y grupos sociales.

Pero quien estaría a cargo de “reclutar” chicas interesadas a venir a ejercer la prostitución a la Ciudad de Buenos Aires para la llamada “Banda de los Paraguayos”  sería una vieja conocida en esta investigación: Sonia Beatriz Mantilla Castro, que sería el nexo entre diversas “agencias de modelo” que operan en Asunción, Formosa, Misiones, Chaco, Corrientes y Santa Fe. A su vez, estas “agencias” tienen relación con organizadores de conciertos o administradores de locales bailables, que usan artistas como “gancho” para atraerlas.

Hace algunas semanas ya se sospechaba de la relación de Sonia Beatriz Mantilla Castro con el “Operativo Sapucay”, pero las referencias eran sobre todo históricas, pero sus frecuentes viajes a un hotel en Almagro y ciertos personajes que se veían ingresar en el mismo, algo que comenzó a generar sospechas entre las autoridades.

Hace más de 10 años, Sonia Beatriz Mantilla Castro fue relacionado con Luis Raúl “Gusano” Menocchio, un mítico delincuente del “Hinterland del Narcosur” que fue acusado de asesinar al dueño de un “pub” o “local bailable”, en realidad, una especie de “bar de coperas” donde se realizaba trata de jóvenes. Los muertos fueron  Eduardo Fidel Maciel y una empleada y novia del empresario, Graciela Méndez, de 19 años.

También se relacionó a Sonia Beatriz Mantilla Castro con la abogada Natalia Szarrabaski, quién fue acusada de trata de mujeres en 2016. Sin embargo, la investigación judicial descubrió que la segunda era especialista en cobro de deuda y tenía a varias financieras de la zona no controladas por el Banco Central, que las fuerzas de seguridad sospechan que están relacionadas con el lavado de dinero.

Natalia Szarrabaski compartiría un estudio con otro colega, llamado Juan Alberto Martina, que tiene como denominación “Estudio jurídico y gestión de cobranzas”. Sin embargo, una de las tareas que tiene a su cargo el local es la toma de “personal femenino” de 20 a 28 años, supuestamente, para trabajar en entidades financieras, con secundario completo, pero sin pedir conocimientos en temas económicos o bancarios. Raro.

Todo comenzó cuando Gendarmería allanó un departamento que sería de propiedad de Natalia Szarrabaski y Francisco Tuyaré, donde fueron encontradas dos mujeres retenidas en contra de su voluntad, a las que se las obligada a ejercer la prostitución. Ambos imputados fueron detenidos, pero luego de un mes, fueron liberados por la excelente relación que demostraron tener con autoridades judiciales locales.

El cargo de Natalia Szarrabaski es “facilitación de prostitución agravada por aprovechamiento por la situación de vulnerabilidad de la víctima”, pero no se dieron a conocer los detalles de la imputación, ni las condiciones especiales que llevaron a que en menos de dos meses, la acusada quedara en libertad. Todo demasiado confuso, lo que confirma el entramado de relaciones con el poder que existen.

Un dato: Los buenos contactos con los medios hizo que Natalia Szarrabaski hicieron que la abogada publicara, hacia 2008, algunas opiniones en algún diario poderoso chaqueño, en donde se dirigía a los jóvenes y la falta de “un modelo a seguir”. ¿Sera este el mecanismo y el “relato” que encontraba para “reclutar” jóvenes? Habrá que esperar a conocer la causa en detalle.

Los contactos porteños

Las constantes disputas de vecinos de Palermo peleando con prostitutas y travestis que operaban en la calle Godoy Cruz y sus pares de Flores, enfrentando a trabajadores sexuales que operaban en la calle Yerbal, llevaron a que se regulara el ejercicio de la prostitución en vía pública en la Ciudad de Buenos Aires, dando origen a un “Informe de Conflictividad” que realizaba el Ministerio Público Fiscal porteño, que se dejó de difundir hace varios años.

Según este relevamiento, desde 2007 a 2012, los porteños elevaron 45.397 denuncias en fiscalías de la Ciudad de Buenos Aires bajo la figura contravencional de “oferta y demanda ostensible de sexo en espacios públicos no autorizados”, una cantidad que confirma la gran penetración que tuvo el tema por esos años.

En 2007 se recibieron 8.178 denuncias, en 2008 representaron 10.992, en 2009 las presentaciones resultaron 9.116, en 2010 sumaron 9.999 y en 2012 se registraron 7.112. El promedio semanal cayó de 175, o de 25 por jornada; y ésta merma estuvo relacionada con la baja de la prostitución callejera y el aumento de la prostitución en departamentos o “privados”.

Fue durante este periodo que llegan a Constitución “las dominicanas”, los travestis de Perú y estalla el número de prostitutas paraguayas y bolivianas. Es decir, ante la salida de la calle de las profesionales argentinas, es la oferta sexual de extranjeros la que crece en la vía pública o en “pubs”, dado que por ser nuevos en el país o indocumentados, no tienen posibilidad de alquilar departamentos para ejercer la prostitución. Y es acá donde comienza a aparece la distribución de droga como negocio alternativo a la oferta sexual.

En 2013, cuando era muy poco conocida, la ONG de Gustavo Vera, “La Alameda”, dio a conocer una serie de videos de 2 “puticlubs” ubicados en Almagro, más precisamente en Guardia Vieja 3721 y en Muñiz 668 (este ya en Caballito), que poco después fueron inspeccionados y clausurados por la Agencia Gubernamental de Control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que concurrieron acompañados por efectivos de la División Contravenciones y Faltas de la Policía Metropolitana.

Ambos locales fueron identificados, además, como centros de distribución y venta de drogas, relacionados con la llamada “Banda de los Paraguayos”, por eso a nadie extrañó que entre las prostitutas detenidas hubiera un gran número de mujeres de Paraguay y Corrientes.

Según fuentes policiales, hacia 2011 aparecen en Almagro los primeros “privados” que se promocionaban por “tarjetas” pegadas en la vía pública promocionando oferta sexual. En realidad, esta práctica aparece a consecuencia del cierra de “locales bailables” de la comunidad peruana, en donde no sólo se vendía droga, sino también, había una fuerte presencia de prostitutas jóvenes, la mayoría, compuesta de recién llegadas a la Argentina.

La avanzada de las fuerzas de seguridad sobre los locales de la comunidad peruana de la zona fue consecuencia de la creciente actividad que tenían el Shopping Abasto, el inmenso local de la cadena de supermercados Coto, una serie de nuevas torres que se construyeron en la zona, pero sobre todo, con el “estallido” de pequeñas salas de espectáculos y teatros, creando un circuito “under” que citaba cada vez más gente a la zona en horarios nocturnos.

El “vacío” creado por la erradicación de “locales bailables” fue cubierto por los primeros restaurante de comida peruana, aprovechando la alta concentración de ciudadanos de Perú que había en los alrededores. Pero con el paso de los meses, los nuevos lugares para comer se pusieron de moda y los ciudadanos peruanos que vivían en la zona se fueron moviendo hacia Once o el Sur de la Ciudad de Buenos Aires, lo que generó un importante movimiento inmobiliario.

En medio de ese proceso, aparece un reemplazo de mujeres peruanas por paraguayas, que ejercen la prostitución. Y no son pocos los que aseguran que el primer lugar donde llegan las nuevas “reclutas” desde sus lugares de origen es un hotel ubicado en Avenida Corrientes, a unas pocas cuadras del Shopping Abasto, justo donde se la ve con frecuencia, de visita o alojada, a Sonia Beatriz Mantilla Castro.

Pero este tipo de redes suele tener poderosos “protectores” más allá de los acuerdos que cierren lo las fuerzas de seguridad. Y en mismo hotel del Abasto suele observarse la presencia de un poderoso sindicalista del gremio gastronómico nacido dentro del “Hinterland del Narcosur”, con excelentes y fluidos vínculos con la política zonal y regional, el sindicalismo y el mundo deportivo y sus barras bravas.

El sindicalista en cuestión, que tuvo su paso por el Congreso Nacional, tiene relación con varios clubes de fútbol, acceso a un casino, mantiene sospechosas relaciones con algunos de los estudios de abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Chaco y Corrientes, lo mismo que con la política peronista. Su bajísimo perfil lo mantiene “tapado” para los medios de comunicación, aunque en ciertos círculos políticos, sindicales y de inteligencia se lo relaciona con complejos entramados delictuales.

Quizás por estos contactos de alto nivel, Sonia Beatriz Mantilla Castro nunca ha tenido problemas con la Justicia; ni antes en Corrientes, donde estuvo unida al ex Intendente de Paso de la Patria, Oscar “Chino” García, hoy en la cúpula del Partido Nuevo local; ni en Chaco, donde reside en la actualidad, ni en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se la suele ver. Las casualidades no existen.

Sospechas de un “negocio” peor

En la Argentina, la prostitución infantil no se limita a los sectores más pobres. Chicas y adolescentes de clase media y alta, alimentan el circuito de la prostitución de lujo, según reveló la primera investigación nacional sobre la explotación sexual comercial de menores en nuestro país. Pero el peor dato del trabajo es que el “consumo” de prostitución infantil, como de pornografía infantil, está creciendo en las zonas urbanas argentinas.

El trabajo realizado por Unicef, en el que además se denuncia que industriales, políticos, funcionarios judiciales, profesionales y deportistas son parte de la clientela VIP, explica que este tipo de prácticas aberrantes se realizan o negocian en lugares prestigiosos como hoteles, locales de baile de moda y agencias de modelos.

El trabajo se hizo en base de 326 entrevistas –casi un centenar de ellas a chicos y chicas prostituidos de distintos puntos del país– y permitió determinar que la mayoría comenzó a prostituirse antes de los 15 años y que existen desde organizaciones con estructuras internacionales hasta proxenetas pequeños y explotadores familiares.

El estudio encontró que el denominador común de chicas y chicos prostituidos no es la pobreza, sino el hecho de haber sido expulsados de sus hogares y que es manifiesta la “ineficacia” de las intervenciones policial y judicial para enfrentar el problema, un eufemismo que oculta la complicidad de ambos ámbitos a un negocio tan aberrante.

El relato del los jóvenes también permiten observar que no hay límites a lo que piden los “clientes” y los proxenetas, que el silencio es la clave del negocio (y quién lo intenta romper, simplemente “no vuelve más”) y que existen canales de intermediación explícitos, como agencias para turistas o ejecutivos, saunas de lujo, clubes privados, cabarets o locales bailables de primer nivel.

Colateralmente, también la “compra” de menores de edad está en el medio. Es conocido que las adolescentes embarazadas reciben ofertas de compra de sus futuros hijos, mientras que en provincias como Misiones, es el propio Poder Judicial quién facilita el cambio de familia de un chico o chica, bajo la figura de “adopción”. Y no sólo son argentinos, en muchos casos, se han detectados recién nacidos de Brasil y Paraguay que se ofrecen en esa provincia, aunque con identidades falsas.

Por lo general, los narcos se alejan de la prostitución infantil o de la compra-venta de menores, por lo cual, los investigadores analizan si hay relación de los detenidos por la “Operación Sapucay” y los relacionados con la trata de mujeres con ambos negocios. Justo esos pasos postergan cualquier decisión, dado lo complejo que es poder demostrar estas conexiones delictuales y más aún llevarlas a Tribunales.

Sin embargo, queda claro que esta derivación de la “Operación Sapucay” confirma que el “Hinterland del Narcosur” tiene conexiones delictivas complejas. La droga es sólo el comienzo de una situación delictual que tiene, a su alrededor, una constelación de actividades delictivas muy graves y con connotaciones políticas, sociales, gremiales y empresariales que recién ahora comienzan a develarse.

La “cobertura” política en el “Hinterland del Mercosur”

240435w620h450

Desde el “Operativo Sapucay”, las fuerzas de seguridad lograron capturar poco menos de 900 kilos de drogas en menos de un mes. Sin embargo, hace pocos días, se descubrió un camión con doble fondo en donde transportaba casi 2,5 toneladas de drogas, quizás, la captura de estupefacientes más importante de los últimos 30 años en Corrientes, en el Litoral argentino y en el “Hinterland del Mercosur”.

Pero no fue un “golpe de suerte”, como dijeron fuentes del Ministerio de Seguridad. En realidad, fue fruto de un largo trabajo de inteligencia que comenzó con la captura de un narcotraficante y unos pocos kilos de droga en la porteña Villa Zabaleta y que desembocó en la primera captura de un Intendente, su Vice, el Jefe de Policía local y de agentes de las fuerzas de seguridad. Pero: ¿Fue una excepción este caso que relaciona políticos con drogas, trata de personas, contrabando u otras actividades ilegales?

Sin duda, no. Pero “perforar” la cobertura que existe para este tipo de actividades por parte de las autoridades políticas, además de las connivencia de las fuerzas de seguridad y personal judicial, es una tarea que siempre encuentra fuertes barreras y  terminan por impedir avanzar en las investigaciones, dado que las causas entran en un “coma profundo” del que nunca despiertan y, casi siempre, uno o dos “perejiles” terminan por aparecer como las “puntas del iceberg” de una estructura delictual pequeña, cuando en realidad, apenas si son eslabones menores de una larga cadena.

Un informe oficial del Ministerio de Seguridad sostiene que desde 2016, se decomisaron en Corrientes 43 toneladas de marihuana. Y si tenemos en cuenta que la banda que tenía como uno de sus miembros principales al Intendente de Itatí, Natividad Teherán, dijo que importaba 6 toneladas semanales de droga semanales y que las fuerzas de seguridad dicen que en esa ciudad operan 3 grupos delictuales, estamos hablando de que se estarían importando unas 20 toneladas de drogas por semana, lo que implica que las capturas oficiales realizadas en 16 meses llegan a menos de 3 semanas de ingreso de narcóticos a la zona.

Las dimensiones del negocio permiten comprender que las clases políticas, las fuerzas de seguridad y las autoridades judiciales no pueden ser ignorantes de tamaño movimiento de drogas, dinero, recursos humanos y logística que hay en sus zonas. Sin embargo, luego de las capturas iniciales, no hubo nuevas sobre detenciones, salvo alguno que otro “perejil” que estaba transportando la droga capturada.

Los supuestos líderes de las bandas que operan en Itatí serían Luis “El Gordo” Saucedo, Federico “Morenita” Marín y Carlos “Cachito” Barreiro. Fuentes de inteligencia dicen que los dos primeros están prófugos, se cree que en Paraguay. El tercero, está preso por otra causa, pero la Justicia estima que aún opera desde la cárcel.

Luis “El Gordo” Saucedo era empleado municipal y llevaba meses de licencia médica. Cobraba un plan social de la Anses, recibido durante el Gobierno de Cristina Fernández, pese a ser dueño de tres casas en Itatí, una de ellas en la costanera de Itatí, estratégicamente ubicada frente al edificio de la Aduana. A eso hay que sumar una flota embargada de 23 autos.

Además del vínculo político, estas bandas tenían muy aceitado el nexo con la Policía de Corrientes y con la Policía Federal con base en la provincia. El Comisario de Itatí, Osvaldo Ocampo Alvarenga, fue detenido junto al Sargento Mario Molina y la Cabo Gabriela Quintana. Se los acusa de venderles armas a los delincuentes.

A través de las escuchas realizadas por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Justicia llegó al Sargento Carlos López y al Subcomisario Rubén Ferreyra, que revendían drogas capturadas en operativos simulados, con lo cual, se confirma la hipótesis de que muchos de los operativos de captura son “puestas en escena” para ocultar el tráfico de cantidades mayores o para “blanquear” cantidades, que luego de comercializan.

La Prefectura quedó fuera de las investigaciones posteriores al “Operativo Sapucay” y, en el caso de la Gendarmería, se detuvo en Jesús María (Córdoba) al Segundo Comandante Gabriel Alcaráz que daba clases de investigación y drogas en la Escuela de Suboficiales, pero filtraba información sobre controles y operativos a los capos capturados en Itatí.

Un dato no menor: Gabriel Alcaráz trabajó en Ituzaingó, en las misiones que el Gobierno de Cristina Fernández mandó efectivos de Prefectura y Gendarmería a “zonas calientes”, eufemismo de villas donde el consumo y tráfico de droga son usuales. Para muchos especialistas, en estas largas guardias, los miembros de las fuerzas de seguridad comenzaron a tener contacto con grupos de traficantes y llegaron a acuerdos que se extendieron cuando cambiaron de destino o volvieron a sus provincias de origen.

Hay que tener en cuenta que, según fuentes judiciales, la banda detenida en el “Operativo Sapucay” colocaba sus drogas en, por lo menos, 7 provincias, lo que implica que las redes de información, logística, protección y distribución comenzaban en Corrientes, pero llegaban a Catamarca, Córdoba, Santa Fe, San Juan, la Ciudad de Buenos Aires, Río Negro (Bariloche) y Provincia de Buenos Aires. Todos lugares donde hay personal de Prefectura o Gendarmería que pasaron por las villas porteñas y bonaerenses.

Más allá del Litoral

Pero Corrientes no es el único lugar donde se pudo demostrar la relación entre políticos locales y traficantes de drogas. Por ejemplo, el año pasado, en Formosa, Gabriel Hernández, ex Intendente de la capital provincial y apoderado de la Unión Cívica Radical formoseña, aseguró que “la narcopolítica vinculada al gobierno de Gildo Insfrán suma otro caso”, en referencia al secuestro de más de 2,5 toneladas de marihuana oculta en un cargamento de zapallitos de un camión de una empresa de familiares del mandatario provincial.

Gabriel Hernández, que también es abogado y periodista, recordó varios hechos donde se involucraron a funcionarios formoseños como “Ramón Barreiro, asesor del gobierno provincial, que trasladaba 51 kilos de cocaína en una camioneta oficial que volcó en la Ruta Nacional 11”. En la captura se encontró una fotocopia del DNI y una agenda personal del Senador Nacional (Frente para la Victoria – Formosa), José Luis Mayans. Sin embargo, nunca se relacionó al parlamentario con el tráfico de drogas.

También se refirió al “Secretario Privado del Diputado José Barrios (caso ocurrido en 2005) detenido con droga” en el Oeste de Formosa; junto con el “sobrino de la Concejal Justicialista, Blanca Denis, que transportaba cocaína en un vehículo de la edil”; y sumó el caso de “los 700 kilos de cocaína hallados en un campo del Concejal Justicialista Héctor Palma”, quién rápidamente recuperó la libertad.

Pero la “munición gruesa” la lanzó cuando sostuvo que la madre de Gildo Insfrán (Gladis), integraban diferentes sociedades que son “los dueños de un imperio comercial” y “propietarios del camión que tenía escondida la droga en cajones de zapallos”. Sin embargo, la Justicia nunca la citó en el trámite de la causa.

En el caso de Formosa, las fuentes de inteligencia sostienen que la cocaína ingresa de Bolivia a través de pistas clandestinas ubicadas al Oeste de la provincia, mientras que la marihuana llega desde Paraguay, a través de rutas de ripio, hacia la zona de Laguna Blanca, para luego cruzan la frontera por los ríos Pilcomayo o Paraguay. Literalmente hablando, la zona es un “colador”.

El caso de Formosa se completa con un dato no menor: Durante años hubo jueces subrogantes a cargo de las causas de narcotráfico, a la espera de designaciones que eran “congeladas” en el Consejo de la Magistratura por los delegados del oficialismo  del momento (kirchnerismo), mientras que las fuerzas de seguridad y la clase política es casi inamovible. Una buena forma de que las investigaciones no avanzaran.

Otro caso complejo

En Septiembre de 2006, la productora rural Liliana Ledesma fue asesinada de 7 puñaladas por denunciar la complicidad de algunos integrantes del poder político de Salvador Mazza (Santiago del Estero) con el narcotráfico. Casi 10 años después, la Justicia apresó al Presidente del Concejo Deliberante local y acusó a otro edil por estar involucrados con el cargamento de 267 kilos de cocaína secuestrado en un camión que tenía la cédula verde a nombre del ex Diputado Provincial Justicialista al que la mujer asesinada había denunciado.

La investigación comenzó con el secuestro de los 267 kilos de cocaína en un camión Mercedes-Benz en la localidad de Taco Pozo (Santiago del Estero). El vehículo pertenecía a Ernesto José Aparicio, un ex Diputado Provincial del PJ, fallecido en 2013 y denunciado por la asesinada Lidia Ledesma.

Hace 4 años, el camión fue adquirido por Rubén Maurín, hermano de Alejandro Maurín, actual Presidente del Concejo Deliberante de Salvador Mazza y detenido por efectivos de la Gendarmería; en tanto se fugó el concejal Mauricio Gerónimo.

Tanto Mauricio Gerónimo como Rubén Maurín eran socios políticos del Intendente de Salvador Mazza, Rubén Méndez; y, con sublemas, formaron parte de una alianza del Frente para la Victoria, que les permitió ganar las elecciones de 2015. Curiosamente, desde la clandestinidad, el primero envió un escrito a sus colegas del Concejo Deliberante para advertirles que iniciará “acciones penales y civiles” en caso de que decidieran dictar alguna medida para quitarle el cargo al que había accedido.

La carta de Mauricio Gerónimo es esencial, confirma que ciertos sujetos están más preocupados por mantener sus espacios político que el intentar demostrar que son inocente, en el conocimiento que las investigaciones no llegarán a nada (lo mismo que las causas judiciales), pero que recuperar una banca perdida se torna en casi imposible luego de ser destituido y transitar una investigación judicial.

Un robo y una revelación

robo-paraguay-6-615x3781

Días pasado, el robo de varios millones de dólares en la empresa Prosegur en Ciudad del Este dejó a la vista una batalla entre las dos mafias narcos más importantes de Brasil: el Primer Comando Capital y el Comando Vermelho, que luchan para unificar el control del tráfico de droga en la extensa frontera que tienen Brasil y Paraguay.

En Junio de 2016 fue asesinado en la localidad paraguaya de Pedro Juan Caballero el capo narco Jorge Rafaat Toumani, jefe de un banda que operaba en forma independiente controlando gran parte de la frontera entre Brasil y Paraguay; y era el encargado de fijar el precio de la cocaína que llegaba de Bolivia y la marihuana que provenía de Brasil, cualquiera sea la banda que hacía el tráfico. Sin su autorización, nada pasaba por territorio paraguayo.

Desde la muerte de Jorge Rafaat Toumani, las autoridades de Brasil y Paraguay contabilizaron 38 asesinatos en la línea de frontera, en una batalla entre las dos bandas brasileñas y grupos paraguayos. El más extendido en el área es el Primer Comando Capital, que concentraban sus actividades en Ciudad del Este y Foz do Iguaçu,  pero cuando comenzó la matanza extendió su influencia a Salto del Guaíra, en la frontera con Guaíra, en el estado brasileño de Paraná; y a Pedro Juan Caballero, vecina de Ponta Porã, en Mato Grosso do Sul.

Pero sobre la frontera con Argentina, el Primer Comando Capital habría copado Paso Patria, la ciudad paraguaya que se encuentra frente a Paso de la Patria, la ciudad donde hace 10 años fue destituido el Intendente Oscar “Chino” García, quién luego se lo vería cercano al famoso delincuente Luis Raúl “Gusano” Menocchio.

La ofensiva de Primer Comando Capital se completó en Febrero pasado, cuando viajó a la zona el más alto líder del grupo narco en libertad, Rogério Jeremías “Gegé” de Simone, quien asumió el control de los negocios de la banda en la  región. A partir de ese hecho, la inteligencia de Brasil sostiene que  hubo un cambio cualitativo de la presencia del PCC en el límite con Paraguay.

¿Y el robo en Prosegur? Según fuentes de inteligencia de Brasil fue el saqueo de un “banco secreto” de grupos narcos paraguayos que servía de “caja chica” para financiar pagos a fuerzas de seguridad, políticos y personal de Justicia de la zona fronteriza paraguayo-brasileña; hecho que coincidió con un intento fracasado de liberar al máximo líder de Primer Comando Capital, Marcos Willians Herbas Camacho, alias Marcola, preso en San Pablo. Todos hechos, aún hay que terminar de relacionarlos, pero no son azarosos.

¿Los detenidos por el “Operativo Sapucay” en Corrientes, tenían relación con traficantes paraguayos o con alguno de los dos grupos narcos de Brasil? Por ahora, no hay datos, pero no parece casual que cuando uno de los grupos mafiosos más importantes de Brasil avanza para consolidar su negocio en la región caiga una de las tres bandas que operan en Itatí y que hacían llegar sus drogas a 7 provincias. En términos policiales “estamos frente a un cambio de dueño del negocio narco regional”.

Conclusión

img24675

Las casualidades no existen. Las autoridades han comenzado a tomar conciencia que hay un “hinterland” que hoy, preferentemente, trafica drogas entre Brasil, Paraguay y la Argentina, aunque la comercialización de autos de alta gama robados y de cargamentos de granos, el contrabando, la trata de personas y otras acciones delictuales  se realizan bajo la ignorancia (o complicidad) de fuerzas de seguridad, personal de Justicia y políticos locales.

Esta metodología de investigación completa y compleja está comenzando a dar sus primeros pasos, pero es algo de vieja data. Esta investigación han repetido el caso del ex Intendente de Paso de la Patria, Oscar “Chino” García, y su ex pareja Sonia Beatriz Mantilla Castro; dado que ambos aparecen relacionados con denuncias nunca comprobadas de contrabando en Corrientes, pero también en un sospechoso incendio en Asunción, que los coloca cerca del mítico delincuente Luis Raúl “Gusano” Menocchio.

Pero Sonia Beatriz Mantilla Castro también aparece, más tarde, relacionada con un caso de trata, se la menciona en Roque Sáenz Peña, donde muere (luego de una frustrada fuga) uno de los miembros de la “Banda del Mercosur”, que operaron con Luis Raúl “Gusano” Menocchio en Chaco, Corrientes y Paraguay. Pero también se la detectó en la zona de Abasto, hospedándose en un hotel cerca del Shopping Abasto, donde se denunciaron casos de trata de personas y muy cercana a un destacado sindicalista bien relacionado con barrabravas, grupos que últimamente controlan la venta y distribución de drogas en sus zonas de influencia.

Incluso, fuentes judiciales han confirmado que se está realizando una profunda investigación sobre ese mismo grupo de personas en relación con la trata de personas, particularmente mujeres para la prostitución, que recluta mujeres muy jóvenes en Chaco, Corrientes y Paraguay para traerlas a la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe; aunque no se descarta que algunas puedan ser enviadas a Europa, repitiendo una práctica que es muy común en Brasil.

Los nombres se repiten con el paso de los años, pero no hay investigaciones que “aten los hilos” entre los rumores, las participaciones “secundarias” y hechos delictivos. En Corrientes estalló un entramado alrededor de Itatí este año. El pasado, en Formosa. Sin embargo, nada se dice de Chaco o Misiones; y no porque no existan.

El “Hinterland del Mercosur” es una realidad. La idea de grupos “improvisados” realizando delitos complejos actuando en forma autónoma, sin ningún tipo de protección, cobertura política o sin inteligencia delictiva es una fantasía.

La decisión para cambiar la forma de investigar este tipo de delitos corresponde a las autoridades política, que deben ser aceptadas y aplicadas por las fuerzas de seguridad y los poderes judiciales. No es casual que el Gobierno de Donald Trump haya puesto a Paraguay en el ojo de su mira en el último informe mundial sobre tráfico de drogas. Para Washington, junto con el narcotráfico, la venta de armas, la financiación del terrorismo, la emisión de documentos apócrifos y la impresión de dinero falso, van de la mano.

Tratar de comprender cómo funciona el “Hinterland del Mercosur” es una tarea que recién comienza. Pero la “Época de lnocencia”, ya pasó.

 

Trata, lavado de dinero y política en el “Hinterland del NarcoSur”

1-2

El “Operativo Sapucay” ya es considerado como una confirmación de los lazos existentes entre la política y las fuerzas de seguridad con el narcotráfico, pero en la investigación judicial hay cuatro focos que se dejan de lado, como si no tuviera relación con el fenómeno del tráfico de drogas: las superestructuras que están detrás las partes compradora y vendedora de toda la cadena comercial, conocer el origen y el destino de la droga, el lavado del dinero producido (más allá de los bienes incautados) y la trata de personas que suele existir alrededor de los protagonistas principales negocio de comercializar drogas.

Las fuentes judiciales que tramitan el “Operativo Sapucay” reconocen que en Itatí operan 3 grupos narcos que importaban drogas (en total más de 10 toneladas semanales). Sin embargo, no queda claro si los detenidos en el operativo (desde el Intendente Natividad “Roger” Terán, del Frente para la Victoria, y su Viceintendente, Fabio Aquino, del Partido Nuevo; para abajo) cómo se estructura del grupo, dado que no se informa el nombre con que se identifica el colectivo delictual, si tenía relaciones con otras mafias locales o extranjeras y si tenían lazos con otras estructuras políticos o de fuerzas de seguridad. Se lo describe como si fuera casi como un “caso aislado”.

Los mismo ocurre en Paraguay (lugar desde donde se afirma que viene la droga, cuando por el territorio paraguayo pasa marihuana producida en Brasil o coca y cocaína que tiene como origen Colombia, Brasil, Bolivia y Perú) y se habla de un supuesto “Cartel de Paraguay”, como si fuera una gran “familia” que no parece tener una cabeza central, algo así como un pulpo sólo con tentáculos; lo que va en contra de toda la experiencia e historia de asociaciones mafiosos delictivas en el mundo.

Sin embargo, en Brasil, se puede seguir en los diarios la sangrienta interna entre los dos mayores grupos de narcotraficantes locales (Primer Comando Capital y Comando Vermelho), las alianzas y rupturas que hay en los estados con los grupos mafiosos regionales y las conexiones que tienen con grupos delictivos bien identificados en Estados Unidos, Europa, Colombia o México.

En la Argentina, las denominaciones son escasas y genéricas. “Los Monos” ganaron notoriedad en Santa Fe. La “Banda de los Paraguayo” o la “Banda de los Peruanos” son los nombres que se les dan a los grupos que pelean por el control de las mayores villas de la Ciudad de Buenos Aires o los “saltos” que dan hacia el Gran Buenos Aires, sin señalar si son “franquicias” atendidas por “socios” locales o ramificaciones de los mismos grupos queda en el limbo de la investigación.

Cada tanto aparece una noticia de un operativo donde son detenidas 10, 15, 20 personas, como mucho, pero todo se detiene en ese conjunto bien delimitado, cuando la experiencia internacional confirma que estas mafias tiene redes de distribución, cuentan con la apoyatura de abogados, políticos y fuerzas de seguridad; y usan “financistas” que lavan sus utilidades. Incluso, nunca surgen, ni se mencionan, las redes de inteligencia o informantes con que cuentan. Además, siempre hay trata de personas, ya sea para uso sexual o como mano de obra y logística.

La imagen de “improvisados” o de “vivillos” que hacen negocio con la droga está lejos de las mafias que operan u operaron en México, Colombia, Perú, Europa o Estados Unidos. Es casi como un “subdesarrollo” de la delincuencia relacionada con el tráfico y comercio de drogas, pero también se extiende al juego clandestino, el lavado de dinero, el robo de autos y camiones, los desarmaderos, el contrabando, la trata de personas y otras actividades ilegales.

En la Argentina, Paraguay y Uruguay no hay mafias, sino “grupos” delictivos. Sin duda, una construcción judicial, policial y periodística muy conveniente que permite no avanzar en las investigaciones “hacia arriba” (jefes), “hacia abajo” (redes) o “hacia el costado” (logística y apoyatura). Es el “cuentapropismo” delictivo refrendado por el accionar de las fuerzas de seguridad y la justicia.

Pero lo grave, es que esta visión de “delincuentes improvisados” atenta contra el “mapeado” de las estructuras y vinculaciones y la configuración de las dimensiones reales de la delincuencia (en el rubro “delitos graves”) en la Argentina, Paraguay y Uruguay; quizás el paso más importante para cristalizar la actual situación del narcotráfico en el “Hinterland del Narcosur”.

La trata de personas

2-2

Que no se revelen las redes de abogados, financistas, miembros de las fuerzas de seguridad, grupos sindicales, barras bravas o colectivos sociales que pueden girar alrededor del narcotráfico no permite entender la relación entre el narcotráfico y la trata de personas. Pero, por el contrario, el Mercosur, como institución política, ha sido una máquina generadora de reuniones, documentos, pronunciamientos, normativas y diagnósticos que parten de considerar la prostitución o el trabajo esclavo como fenómenos “aislados”, que alcanzan a personas individuales o pequeños grupos de individuos.

Cuando leemos una noticia sobre la irrupción de las autoridades de un prostíbulo el grupo de niños o mujeres rescatadas no pasa de una docena y media. Cuando se denuncia un taller textil clandestino, las cantidades que se mencionan con similares (o menores). Y siempre son “casos aislados” o no más de tres o cuatro locales. Incluso, cuando se habla de narcotráfico, la droga parece ser producida por agricultores que no tienen otra opción que plantar drogas, como si hubiesen elegido la coca o la marihuana por ser mejor negocio que la soja, el trigo o el maíz.

Un relevamiento de instrumentos en materia de trata de personas que se realizó en el marco del “Proyecto de Cooperación Humanitaria Internacional para Migrantes, Apátridas, Refugiados y Víctimas de Trata de Personas” del mercado regional, publicado en Julio de 2016, mostró que entre 1991 y 2015, en el Mercosur se dieron a conocer 46 instrumentos diferentes sobre el tema: 10 declaraciones, 8 acuerdos, 6 planes de acción, 4 guías, 4 campañas de sensibilización, 3 proyectos de cooperación, 2 recomendaciones, 2 informes, 1 mecanismos, 1 directriz, 1 protocolo, 1 diagnóstico regional y se crearon varias comisiones de seguimiento, redes especializadas y base de datos legislativas. Esto sin contar 19 comunicados de presidentes de estados miembros y asociados del mercado regional.

El informe revela en qué políticas públicas se ha concentrado cada país y, en la Argentina, el esfuerzo fue hacia el rescate de las víctimas y el retorno a lugares de origen, en el caso de que lo deseen. También se ha capacitado al personal de las fuerzas de seguridad sobre el trato hacia la víctima de trata de personas, pero nada la detección y combate de las redes de captación y tráfico de individuos, ya sea para servicios sexuales o para trabajo ilegal.

Casi las mismas políticas aplican Uruguay y Paraguay. La excepción es Brasil que ha puesto énfasis en investigar las rutas de trata y su articulación con redes del exterior, además de accionar sobre para la detección temprana de las potenciales situaciones de trata entre niños y adolescentes.

De esta forma, las políticas públicas que se han diseñado y se aplican en la Argentina, se concentran en la etapa final de la trata de personas, no en evitar su captación, su “compra-venta” entre las redes de trata y la explotación sexual o laboral. Es decir, el “negocio” no se ve afectado, sino que se concentra en los pocos o mucho hechos de personas que quieren o son sacados del sistema de trata.

En la Argentina el delito de trata de personas está penado por ley. En 2008 se sancionó la “Ley de Trata de Persona” y, a finales de 2012, se amplió y mejoró a través de la Ley 26.842, fijando penas de 3 a 15 años de prisión. A partir de esta legislación, se recibieron un total de 6.300 denuncias de trata de personas hasta fines de 2015 (últimos datos disponibles). Sin embargo, hasta ahora, se han detectado casos aislados de trata de personas, no hay ni una investigación sobre redes o estructuras delictivas, locales o internacionales.

Por esas denuncias, se produjeron 10.000 rescates de personas, de ellos, 90% son personas mayores de edad, de las cuales 55% son extranjeras. Sobre ese total, 50% de ellas fueron explotadas sexualmente. Sin embargo, el número de denuncias está lejos de producir allanamientos, dado que sobre el total de llamadas recibidas, sólo 34% terminaron en inspecciones judiciales

A decir, verdad, se desconoce cuántas personas ejercen la prostitución en la Argentina o las formas veladas de explotación sexual (servicios de “modelos”, masajes, “mozas” de “wiskerias”, amantes “rentadas”, “botineras”, “vedettes” y otras formas más o menos ocultas de oferta sexual por dinero). Y mucho menos las redes de captación, las rutas de explotación y venta de persona, su relación con la clase política o si hay ventas al exterior de víctimas de trata.

Los informes del Mercosur detallan muy bien las zonas de captación de personas para la trata en cada país y las rutas por donde son transportadas. En la Argentina, las zonas de captación y reclutamiento mencionadas son Misiones, Jujuy, Entre Ríos, Catamarca, Corrientes, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Santa Fe, La Rioja, Salta y Tucumán. Sin embargo, cuando se analizan las crónicas policiales, casi no hay casos de investigaciones o detenciones de políticos o personas cercanas al poder relacionadas con la trata de personas y con la trata relacionada con el narcotráfico. Sin duda, una clara explicación de la ausencia de interés de avanzar en este tipo de situaciones, que las hay.

Por ejemplo, a fines del año pasado, el gendarme retirado José María Viero fue citado a declarar por el Juzgado Federal de Paso de los Libres por un presunto caso de trata y explotación sexual. El dato clave es que el imputado había sido custodio de la Casa de Gobierno de Corrientes, es decir, que el caso llegó, literalmente, a “tocar la puerta” del poder político correntino. También fue investigado por el mismo caso el ex Fiscal Federal de Paso de los Libres, Benito Pont, acusado de bloquear investigaciones en los locales de explotación sexual de las víctimas de trata y de estar vinculado al negocio a través de familiares y amigos.

Pocas semanas antes, en Paso de la Patria, fue detenido un empresario cercano al radicalismo acusado de trata de personas y de promover el turismo sexual en sus cuatro cabañas ubicadas en tres ciudades de Corrientes y una de Misiones. En total, 11 mujeres entre 20 y 35 años fueron rescatadas en los allanamientos, pero el número total se estima que era mayor, dado que el “personal” era obligado a “rotar” entre los diversos domicilios investigados.

¿Será casual que este caso se haya producido en la misma ciudad donde fue Intendente Oscar “Chino” García, pareja de Sonia Beatriz Mantilla Castro, que fue involucrada en un caso de trata y explotación sexual donde fue acusada la abogada Natalia Szrrabari, que luego fue “olvidado” por los medios y por la Justicia? Nada es casual en este tipo de casos.

Paso de la Patria, como otras ciudades fronterizas, concentra actividades delictivas importantes, como se confirmó en el caso de Itatí; donde la connivencia de la clase políticas, las fuerzas de seguridad y de algunas autoridades judiciales locales, otorgan el amparo necesario para poder sostenerse en el tiempo.

Hace unas semanas, la Justicia Federal de Corrientes realizó 14 allanamientos en Paso de la Patria y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en donde se investigaba una red de lavado y contrabando de dinero proveniente de la trata de personas con fines sexuales. El caso es consecuencia de la causa que se inició con la captura del ex Fiscal Federal de la ciudad correntina, Benito Pont, y a otros funcionarios por brindar protección a organizaciones de trata.

Sin embargo, todo el caso no comenzó en Corrientes, sino que surgió en la Unidad Operacional de Control de Narcotráfico y el Delito Complejo del Litoral de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, es decir, por operaciones de inteligencia electrónica. Luego se dio lugar a la Jueza Cristina Pozzer Penzo y al Fiscal Aníbal Fabián Martínez, que avanzaron con los allanamientos.

El lavado y contrabando de dinero dio origen a un nuevo tipo de uso de las mujeres. Las “mulas” son usadas para trasladar drogas de un lugar a otro. Ahora surgieron las “burriers”, que mueven dinero entre diferentes destinos. Por lo general, cobran entre 7% y 10% del dinero trasladado. Por lo general, de las provincias viene el dinero hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para su lavado y, luego, hacia Europa o Estados Unidos, incluso Asia, donde hay países musulmanes que tienen cuentas secretas.

El informe sobre trata de personas con fines sexuales de 2015, que emitió el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sostiene que en Corrientes no se registró una sola denuncia sobre el tema. Sin embargo, cualquiera que recorra las principales ciudades chaqueñas puede observar la oferta sexual en medios y vía pública. Y ese es un escenario que se repite en varias provincias. Una confirmación de la innegable relación entre la protección a la trata de personas, el narcotráfico y cierta clase política.

En Brasil, se necesitó un juez con decisión para avanzar en la investigación del mayor caso de corrupción empresarial y política en América latina. Sin embargo, en el negocio de la trata de personas, ya sea para fines de explotación sexual o laboral, no ha encontrado un magistrado que decida desbaratar las redes, sus conexiones políticas y sus cercanías con grupos de traficantes de drogas. ¿Aparecerá alguna vez?

El “Hinterland (*) del NarcoSur”

bull$.jpgEl “Operativo Sapucay” desnudó el intrincado entramado que une el narcotráfico y la política; pero apenas es la “punta del iceberg” de un fenómeno mayor que es conocido entres los especialistas como el “Hinterland del NarcoSur”, que implica (más o menos) el antiguo territorio guaranítico, es decir, las zonas de contacto fronterizo entre Paraguay, Brasil y la Argentina (Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa). Esta es una aproximación a un submundo al que pocos le prestan la atención y que hace varias décadas que está mutando del contrabando hacia el tráfico de drogas, el lavado de dinero y la protección policial y política de sus protagonistas.

Introducción

En los últimos 15 meses, la ciudad correntina de Itatí se convirtió en la zona del país donde las fuerzas de seguridad han descubierto las mayores cantidades de drogas. Sin embargo, desde hace más de una década y media que bandas y delincuentes con frondoso prontuario han protagonizado hechos policiales que parecían desarticulados y azarosos, pero que con el paso del tiempo, permiten trazar los primeros bocetos de una matriz mafiosa donde la política y el narcotráfico han desplazado al tradicional contrabando de ganado, oleaginosas, cigarrillos, relojes, lapiceras, perfumes y whisky falsificados; trata de personas y autos de lujo; por el “sencillo” (y más lucrativo) negocio del tráfico de drogas desde Paraguay y Brasil hacia el territorio argentino y, desde allí, a Europa.

Pese al interés que tiene para los servicios de inteligencia la llamada “Triple Frontera”, esta zona es el emergente de una mayor que conforman las tierras que rodean la hidrovía que forman los estuarios de los ríos Paraguay y Paraná, vías navegables que sirve de canales de conexión de grupos delictivos que nacieron haciendo contrabando tradicional hace, literalmente hablando, siglos.

Pero en las últimas dos décadas, en paralelo que Estados Unidos avanzó con el combate de los productores de droga en Bolivia y Colombia, sumada la lucha de Perú contra “Sendero Luminoso”, que actuaba como “fuerza de seguridad” de grupos productores de coca y cocaína; se comenzó a observar un desplazamiento de la producción de estupefacientes hacia las selvas brasileña y paraguaya y el desembarco de grupos mexicanos, que buscaban ocupar el espacio dejado por los traficantes colombianos y peruanos.

Son incontables los hilos conductores que unen el narcotráfico con los políticos de Paraguay. Entre las revelaciones de “Wikileaks” hay 3 cables de diplomáticos de los Estados Unidos en donde señala que altas autoridades del gobierno paraguayo están relacionadas con el narcotráfico. Incluso, uno revela que la DEA estaba investigando supuestas conexiones entre una red de lavado de dinero relacionada con un destacado empresario y grupos narcos.

Mucho antes, en Junio de 2000, el diario brasileño “O Globo” reveló que la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA) había dado a conocer un documento de 500 páginas en el que se afirmaba que el fallecido Presidente del Unace, Lino Oviedo, amasó una inmensa fortuna con el comercio ilegal de drogas, armas y contrabando. Otra confirmación de la larga historia de la política y los grupos narcos en territorio paraguayo. Sin embargo, más allá de revelaciones aisladas, nunca hubo una “megacausa” en donde fueran acusados políticos guaraníes de alto nivel.

Entramado correntino

 

intItati.jpgLa detención del Intendente de Itatí, Natividad “Roger” Terán (Frente para la Victoria), y su Viceintendente, Fabio Aquino (del Partido Nuevo), y el Comisario de la localidad, Carlos Ocampo Alvarenga; fue el fruto de una investigación que comenzó en 2014 en la Villa Zavaleta, la más grande de la Ciudad de Buenos Aires (65 hectáreas y 50.000 habitantes), está a orillas del Riachuelo y toca tres barrios (Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya); confirmando el largo hilo que une el tráfico en las fronteras con los grandes centros de consumo.

La causa que inició el Juez Federal Sergio Torres fue fruto de la información que recabó inteligencia en la Villa 31, donde en 2013 se detectaron los primeros embarques de drogas que llegaban de Corrientes; justo el mismo año en que Natividad “Roger” Terán y Fabio Aquino fueron elegidos para conducir los destinos de Itatí.

En la primera mitad de Febrero, las fuerzas de seguridad detuvieron Mariela Terán, hija del jefe comunal de Itatí, quien fue puesta a disposición de la Justicia, junto con su marido, Ricardo Piris, acusados de integrar una banda de narcotraficantes.

La hija Roger Terán ya había sido detenida en 2014 con un vehículo donde había estupefacientes. Sin embargo, Mariela Terán se presentó como denunciante e, insólitamente, el Juzgado de Instrucción la tomó como querellante y no como imputada. Nadie cree que fuera una casualidad.

En el caso hubo otro detenido, Luis Alberto “El Gordo” Saucedo, presunto líder de una banda narco que ingresaba droga desde Paraguay y la vendía en, al menos, siete provincias argentinas, que todavía hoy está prófugo y con pedido de captura internacional. El dato curioso es que pese a tener inmuebles y varios autos de lujo, el imputado era beneficiario de una Asignación Universal por Hijo, que obtuvo, según fuentes judiciales, gracias a la gestión de Mariela Terán y su padre.

Pero la relación entre la política y los negocios turbios con Paraguay no son exclusivos del Frente para la Victoria. Todavía es recordado el caso del ex Intendente de Paso de la Patria, Oscar “Chino” García, quién fue involucrado en 2005 en un caso de “documentos apócrifos” en el pago de impuestos locales, luego estuvo envuelto en una denuncia por contrabando de cigarrillo y siempre fue mencionado como “protector” de ciertas redes delincuenciales de la zona, según apuntan fuentes judiciales correntinas.

También su pareja de esos años, Sonia Beatriz Mantilla Castro, con la cual habría tenido un chico, estuvo supuestamente envuelta en un confuso caso de trata de personas y en un sospechoso incendio ocurrido en Asunción, en un caso en donde estuvo envuelto Luis Raúl “Gusano” Menocchio, un mítico delincuente que operó en Misiones, Corrientes, Chaco y Paraguay, que hoy se encuentra detenido en la cárcel de máxima seguridad de Rawson.

Oscar “Chino” García es la “mano derecha” de Raúl Rolando “Tato” Romero Feris, a tal punto que cuando la Cámara del Crimen condenó al segundo a 4 años y medio de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos por el delito de peculado como Intendente de Corrientes, hecho ocurrido en 2015; el ex Intendente de Paso de la Patria tomó la vicepresidencia del Partido Nuevo (PANU), una de las dos ramas en que dividió el romerismo correntino.

La relación entre Raúl Rolando “Tato” Romero Feris y Oscar “Chino” García es la “punto del iceberg” de una “alianza de intendentes” que provenían de la rama autónoma del Partido Liberal Autonomista de Corrientes cuyo entramado tomó el control político de la provincia en varias oportunidades.

Según fuentes judiciales, en la década del ´90, cuando el romerismo gobernaba Corrientes, comienza a crearse el entramado de relaciones entre grupos políticos y delincuenciales en Paraguay, Brasil y las provincias del Noreste argentino. Todavía nadie escribió esa historia, pero en paralelo comenzó a gestarse el “hinterland” de contrabando y narcotráfico que terminó por atraer a los servicios de inteligencia más importantes del mundo, dado el potencial de daño que tienen para Europa, Estados Unidos y el Cono Sur de América.

Este trabajo es un intento por avanzar en la compresión de cómo se conformó el “Hinterland del NarcoSur”. Pero es un recorrido que recién comienza. Todavía queda mucho por contar, más cuando por razones de protocolo, un destacado legislador correntino, sospechado de intervenir en casos de estafa y narcotráfico, es sentado a pocos metros del Presidente de la Nación y su esposa, generando todo tipo de comentarios en los conocedores del mundo del delito regional.

Pero conocer las ramificaciones y conexiones entre la trata de persona, el narcotráfico y la clase política es un tema en el cual apenas se ha comenzado a avanzar.

 

(*) Hinterland es una palabra alemana que fue tomada por la geopolítica e implica una zona de influencia. Primero estaba relacionada con los puertos y el territorio propio hasta donde llegaban los productos que se importaban y el área desde donde provenían los artículos que se exportaban desde sus muelles. Luego se aplicó a los imperios, sus colonias y zonas de influencia política, económica o cultural. Hoy, se entiende como el territorio de interconexión que supera barreras geográficas, orográficas, hidrográficas o límites políticos. De esta forma, el “Hinterland del NarcoSur” cubre todas las zonas fronterizas (y sus territorios de influencia) alrededor de los ríos Paraná y Paraguay, en la Argentina, Paraguay y Brasil.